Carles Ramió pide un cambio en las instituciones públicas
- Sara Cajo Garcia
- 17 mar 2016
- 3 Min. de lectura
El autor de La renovación de la función pública: estrategias para frenar la corrupción denuncia los diseños institucionales actuales
Carles Ramió, especialista en organización en el ámbito público, en gestión pública y profesor de ciencia política y de la administración en la Universidad Pompeu Fabra –dónde ha ejercido durante 6 años de vicerrector– presenta en la Universidad Autónoma de Barcelona su nuevo libro La renovación de la función pública: estrategias para frenar la corrupción política en España con una conferencia en la que se centra en la corrupción y la ausencia de anclajes institucionales.
A nivel personal Ramió considera que las instituciones públicas están envueltas de corrupción en varios niveles: social, político y empresarial. También comenta considera que aunque han fallado administraciones públicas y medios, pero que en el fondo han fallado los diseños institucionales, a los cuáles tilda de débiles y de no haber podido evitar la corrupción.
“Todos tenemos en nuestra naturaleza una cierta corrupción, pero depende de los mecanismos que se utilicen que esta corrupción sea frenada o no. Los españoles no son más corruptos que los suecos” defiende.
Para evitar la corrupción en cualquier tipo de empresa los sindicatos actúan como correctores institucionales y su poder reside en que tienen gente en todas partes, por lo que Ramià se plantea si realmente no han visto esta corrupción o si es que se han llegado a acuerdos, para él hay una “miopía institucional enfrente de una patronal inexistente”. Lo mismo sucede con los medios de comunicación a los que tilda de hooligans y silenciados en función de los intereses de los partidos más próximos a su línea editorial.
Algunas de las soluciones que plantea este especialista en gestión pública son financiar más a los partidos a cambio de tener una mayor transparencia con todos los gastos, así como la información completa de la agenda –no sólo la pública– de los principales representantes de los partidos. Además, un político mal pagado es un riesgo, por lo que se debe recompensar los cargos de responsabilidad con remuneraciones adecuadas, si un político se siente mal pagado esto le puede llevar a una relajación.
Finalmente, se necesita crear una comisión independiente que vigile por muestreo y denuncias a todas las instituciones públicas, que ejerza como vigilante de estas instituciones.
Los tres niveles de corrupción
La corrupción social, en la que se pierden unos 79.000M€ en impuestos y unos 19.000M€ en IVA que, junto a la economía sumergida –que ronda el 25% en España– y otros métodos como con los fraudes en las becas, constituye uno de los niveles de corrupción más extendidos.
El siguiente es la corrupción política, la cuál es más mediática en la actualidad. No obstante, el Ramió cree que muchos de los corruptos parecen a título personal, pero que en realidad –además de lucrarse ellos– lo han hecho de manera institucional. De hecho, los partidos en la actualidad no obtienen suficientes cuotas de afiliados para sustentarse, por lo que Carles Ramió propone subvencionar públicamente más a los partidos.
El tercer nivel de corrupción es la empresarial, la cual es preocupante ya que, según el Eurobarómetro – encuestas realizadas a empresarios en relación a su sector–, un 77% de ellos considera que las empresas son corruptas y un 70% de directivos y empresarios consideran que el soborno y la corrupción son habituales en los negocios.
En la cola de Europa
En España hay la mitad de jueces y fiscales que en la media europea, de hecho, hay un inspector de Hacienda por cada 1.958 habitantes mientras que en Alemania lo hay cada 740 y la media de la UE se sitúa en 970.
El sector público además de tener corrupción es ineficiente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha estimado en 2015 unos sobrecostes en los contratos públicos del 25%, por lo que se pierden 48.000M€ –un 4,5% del PIB–. Esto se debe a contratos teledirigidos, de interés y en la corrupción en la contratación pública.
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